Page 186 - Propiedad privada Institución y Derecho

la obediencia un crimen. Por otra parte, envuelve una grave
ofensa a la misma familia y a la sociedad entera, puesto que
pecar contra la religión también es delinquir contra el Estado.

Aplicar una transferencia forzada de inmuebles de sus legíti-

mos propietarios a terceros, hecha sin motivo justo y sin la
indemnización adecuada, constituye una violación clara del
séptimo mandamiento de la ley de Dios. Por consiguiente,
es un doloroso problema de conciencia.

En efecto, los moralistas católicos califican esta acción como
un robo, con unanimidad. Por tanto, en principio y salvo
circunstancias muy concretas, eventualmente ligadas a deter-
minadas situaciones específicas, el católico, por conciencia
moral, no tendrá derecho a recibir tales tierras usurpadas.

Y si es obligado a recibirlas, tendría que renunciar a ellas,
pues a nadie es lícito aceptar lo que no le pertenece, ni que-
darse en posesión de cosa alguna, cuando se sabe que perte-
nece legítimamente a otro.

Un católico fiel a la verdad no puede recibir las tierras pro-
ducto de un despojo, ni un sacerdote puede impartir abso-
lución de los pecados a alguien que reciba esos bienes y no
los devuelva, a menos que tenga la intención de hacerlo lo
antes posible.

Fundamento doctrinario presentado con arrogancia
por el progresismo católico

Pero, objetará tal vez alguno, el carácter moral de la reforma
rural descansa sobre un doble fundamento:

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